Nueva York.- La Ley de Ayuda Médica para Morir (MAID, por sus siglas en inglés) entró en vigencia este miércoles en el estado de Nueva York. Sin embargo, el acceso al procedimiento podría variar en distintas regiones mientras hospitales y proveedores de salud desarrollan sus propias políticas.
Nueva York se convierte en la decimotercera jurisdicción del país en promulgar esta legislación, uniéndose a otros 12 estados y al Distrito de Columbia. La ley permite que adultos con capacidad mental, diagnosticados con una enfermedad terminal y con un pronóstico de vida de seis meses o menos, soliciten un medicamento para poner fin a su vida de manera pacífica.
De acuerdo con el Departamento de Salud del estado, el paciente debe ser capaz de administrarse el medicamento por sí mismo, ya que la decisión debe ser voluntaria y deliberada. La ley no obliga a médicos ni hospitales a participar en el proceso, mientras esperan lineamientos adicionales de las autoridades sanitarias.
Funcionarios estatales señalaron que la legislación incluye salvaguardas para evitar abusos.
No todos respaldan la entrada en vigor de la medida. "Como parte del trabajo de la Iglesia, atendemos a poblaciones vulnerables, incluidas personas con discapacidades, pacientes con acceso limitado a la atención médica y personas de bajos recursos", expresó Kristen Curran, directora de Relaciones Gubernamentales de la Conferencia Católica del Estado de Nueva York.
Y añadió: "Hemos visto cómo esta ley se ha implementado en otros lugares y creemos que es una legislación muy peligrosa y devastadora". Por su parte, Geoff Sugerman, consultor legislativo de la organización Death With Dignity, afirmó: "Tampoco creemos que las creencias religiosas de algunos deban impedir que otras personas puedan hacer uso de una ley, si así lo desean."
La legislación de Nueva York sigue de cerca el modelo adoptado por Oregón, el primer estado del país en aprobar una ley de este tipo en 1994. Con el paso del tiempo, varios estados han modificado sus normas, ampliando quiénes pueden participar, permitiendo la intervención de enfermeros especializados y eliminando requisitos de residencia o reduciendo los periodos de espera. En Nueva York, el periodo de espera entre la aprobación y la entrega del medicamento es de cinco días.
Hasta el momento se han presentado al menos dos demandas contra la ley. La semana pasada, un juez federal determinó que un grupo de defensores de los derechos de las personas con discapacidad no tenía legitimación para solicitar la suspensión de la norma. Una segunda demanda fue presentada por cuatro órdenes de monjas católicas y varios ministerios de salud católicos, quienes sostienen que la ley vulnera su libertad religiosa al obligarlos a participar en procedimientos que contradicen sus creencias.
