Santo Domingo.- Desde su promulgación en diciembre de 2020, la Ley de Residuos Sólidos ha sido objeto de controversia y debate constante. En diciembre de 2025, el Congreso aprobó una modificación que incrementaba los aportes de las empresas, lo cual generó reacciones diversas en la comunidad empresarial y ambientalista.
Recientemente, se ha vuelto a aprobar con urgencia una segunda reforma que altera todas las escalas y topes de pago. Esta medida ha sido criticada por diversos sectores debido a que se percibe como un mecanismo más orientado hacia la recaudación fiscal que hacia la mejora en el manejo adecuado de residuos sólidos.
Las críticas apuntan específicamente al establecimiento de topes sin criterio y a la falta de una clara dirección hacia un mejoramiento sustancial del sistema de gestión de residuos. Los detractores sostienen que estas modificaciones no contribuyen efectivamente a solucionar los problemas ambientales asociados con el manejo inadecuado de desechos.
