SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó este martes al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el rechazo de la pretensión del general Adán Cáceres Silvestre y otros coimputados, quienes buscan la extinción penal del proceso judicial que enfrentan por la sustracción de fondos en perjuicio de los contribuyentes y de diversas dependencias del Estado.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que “bajo ningún concepto procede en este proceso declarar la extinción penal”, en referencia a la solicitud presentada por el general Cáceres Silvestre y los demás implicados en el expediente que se desprende de las operaciones Coral y Coral 5G.
Ortiz explicó que, durante la audiencia, el Ministerio Público desestimó nuevamente “la teoría que pretende implantar la defensa, no solamente en el tribunal, sino también a través de medios de comunicación y por distintas vías”.
“La extinción de la acción penal, y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional dominicano, incluso en su última decisión de marzo de 2026, no es ni puede ser un cálculo matemático; no es que, llegado los cuatro años, se extingue el proceso. Existen una serie de razones y requisitos, como la complejidad de los procesos y la conducta de los imputados, que influyen en la determinación de los plazos”, precisó.
Enfáticamente, Ortiz añadió: “Evidentemente, en un caso complejo como este, declarado por un tribunal, y en el cual el 90% de las dilaciones del proceso provinieron por parte de los imputados, no podemos hablar de extinción”.
Recordó que el propio tribunal, integrado por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, ha reconocido la validez de los argumentos del Ministerio Público. Anteriormente, el general Cáceres Silvestre y sus coimputados presentaron la misma solicitud de extinción penal, la cual fue rechazada en dos ocasiones por los magistrados.
“De esa misma manera también lo han reconocido tanto la Corte de Apelación como la Suprema Corte de Justicia. Esto significa que, bajo ningún concepto y bajo ningún alegato, este proceso puede ser declarado extinto”, subrayó la procuradora.
Durante la audiencia de este martes, Ortiz, en representación del Ministerio Público junto a los fiscales litigantes Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos, Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, solicitó al tribunal rechazar la nulidad propuesta. Reafirmó que la incautación de un local adquirido con fondos sustraídos al Estado no puede considerarse una acción inconstitucional contra la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyos feligreses pueden congregarse en cualquier espacio sobre el que tengan legítimo derecho.
El tribunal aplazó la continuación del juicio para el próximo 14 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana.
En el pasado mes de febrero, tras la presentación de sus conclusiones, el Ministerio Público solicitó penas de hasta 20 años de prisión y multas de entre 400 y 200 salarios mínimos para los procesados por corrupción. Este proceso judicial, derivado de las operaciones Coral y Coral 5G, desmanteló una red que sustrajo al Estado más de RD$4,500 millones.
Se solicitaron penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola.
De igual manera, se pidió la misma pena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, se solicitó la imposición de 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
El Ministerio Público solicitó, además, la imposición de diez años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, el sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.
Adicionalmente, se solicitaron 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (con multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).
En su pedimento, el Ministerio Público también solicitó la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna, junto con la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.
Asimismo, se pidió la disolución para las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L.
De igual forma, se solicitó la disolución y una multa de 10 millones de pesos para la razón social Rawel Importadores S.R.L.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó el decomiso de todos los bienes incautados, incluyendo villas, casas y vehículos de lujo.
