Puerto Rico.- Casi 200 organizaciones de Puerto Rico y de Estados Unidos han solicitado al Departamento de Energía federal (DOE) la restitución inmediata de $350 millones del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF). Estos fondos están destinados a la instalación de paneles solares en hogares de personas con discapacidades y de bajos ingresos en el archipiélago.
La misiva, liderada por la Hispanic Federation, fue enviada esta semana y también dirigida a la Comisionada Residente de Puerto Rico, Jenniffer González.
El documento, con fecha del 14 de abril, referencia una carta previa de 2022 en la que más de 100 organizaciones solicitaron al Congreso la aprobación de fondos para sistemas solares con baterías de almacenamiento.
Los firmantes subrayan que “las personas con discapacidad se ven desproporcionadamente afectadas por la pérdida de energía causada por desastres recurrentes”. Mencionan que la falta de electricidad para mantener medicamentos refrigerados o equipos vitales operativos, como ventiladores, provocó lesiones y posibles fallecimientos durante y después de los huracanes Fiona y María.
Como resultado de estas gestiones, el Congreso autorizó y asignó $1,000 millones de dólares al PR-ERF a través de la Ley de Asignaciones Consolidadas del Año Fiscal 2023. Los activistas argumentan que el lenguaje de la ley enfatizó la necesidad de “priorizar las necesidades únicas de resiliencia energética de las personas de bajos ingresos, particularmente aquellas con impedimentos”.
En consecuencia, numerosas organizaciones locales, incluyendo aquellas dirigidas por personas con impedimentos y grupos de apoyo, participaron en el proceso comunitario del Departamento de Energía (DOE) para diseñar la implementación del PR-ERF, asegurando que el plan respondiera a las necesidades de la comunidad con discapacidades. Algunas de estas organizaciones también fungieron como Embajadoras Solares para asistir en la inscripción de hogares elegibles.
Las organizaciones critican la reorientación de fondos del PR-ERF hacia la red eléctrica centralizada, señalando que no aborda las necesidades de resiliencia energética de estas comunidades.
Más de ocho años después del huracán María, la recuperación de la red eléctrica de Puerto Rico aún está incompleta. “Las personas electrodependientes no pueden esperar años”, exponen los demandantes, destacando que Puerto Rico experimenta más interrupciones eléctricas que cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos. Según la Administración de Información Energética de EE.UU., en 2024, los clientes en Puerto Rico estuvieron sin servicio eléctrico un promedio de más de 73 horas, de las cuales 43 horas se atribuyeron a eventos mayores como huracanes.
Los líderes de la iniciativa alertan que un solo apagón puede ser mortal para estas personas, muchas de ellas de edad avanzada. “Se pierden medicamentos, los respiradores se apagan, se interrumpe la diálisis y fallan los dispositivos de comunicación”, afirman, subrayando que “proveer sistemas de energía solar en techos y almacenamiento en baterías, junto con una capacitación adecuada sobre su uso, es una solución comprobada para reducir ese riesgo”.
Hasta el momento, se han instalado sistemas fotovoltaicos en más de 6,000 hogares con partidas de los programas del PR-ERF. No obstante, bajo la Administración del presidente Donald Trump, se canceló parte del financiamiento para destinarlo a la red eléctrica centralizada.
Adicionalmente, en otros 12,000 hogares no se completó la instalación de sistemas bajo el Programa Acceso Solar, que buscaba impactar a 30,000 residencias. Para la evaluación de elegibilidad de este programa, el DOE utilizó la herramienta “Comunidades de Última Milla en Puerto Rico”, que identifica bloques censales con alto porcentaje de hogares de muy bajos ingresos y cortes de energía frecuentes y prolongados.
Bajo la actual Administración Biden, la oficina federal decidió priorizar hogares donde un residente con condición médica o discapacidad dependía de un dispositivo eléctrico o a baterías.
La carta concluye con un llamado explícito al DOE para que libere los $350 millones de dólares cancelados en enero pasado. “Respetuosamente solicitamos que el Departamento de Energía restituya de inmediato los fondos asignados bajo el Programa de Resiliencia Energética de Puerto Rico y permita que los programas continúen según lo previsto”, demandan. También instan al Gobierno de Puerto Rico a unirse a la defensa de la restauración total de las asignaciones del PR-ERF, “en defensa de la vida y el bienestar de las miles de familias beneficiarias”.
Este llamado surge a solo dos meses del inicio de la temporada de huracanes en Puerto Rico.
En septiembre pasado, el DOE anunció la reasignación de hasta $365 millones del fondo para abordar la crisis de la red eléctrica de Puerto Rico. “Estos fondos respaldarán reparaciones sensatas y medidas de emergencia destinadas a reforzar la estabilidad de la red y fortalecer la infraestructura crítica”, indicaron desde el DOE en un comunicado, añadiendo que la Oficina de Despliegue de la Red (GDO) del DOE administraría estos fondos a través de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE).
El comunicado del DOE explicaba que “la red eléctrica de Puerto Rico ha padecido años de mantenimiento postergado, mala gestión y tormentas devastadoras”, citando la Orden Ejecutiva 14156 del presidente Trump para justificar la redirección de recursos “para fortalecer la infraestructura crítica y suministrar energía confiable y asequible a las comunidades de todo Puerto Rico”.
El Diario ha intentado contactar en varias ocasiones a la oficina de prensa del DOE para obtener declaraciones sobre este tema, sin recibir respuesta.
Gabriela Joglar Burrowes, directora ejecutiva del Consejo Estatal de Vida Independiente (CEVI), una de las entidades firmantes, enfatizó el riesgo mortal que enfrentan muchas personas cuyos sistemas fueron cancelados. “Para las personas con discapacidades que dependen de un ventilador, una máquina de diálisis o medicamentos que necesitan refrigeración, los apagones constantes que enfrentamos en Puerto Rico son una amenaza para sus vidas. No tener electricidad no debería significar que puedes morir”, declaró.
Joglar Burrowes añadió que “el PR-ERF era una oportunidad para que tuvieran energía solar y baterías que les brindará una estabilidad necesaria. Con la cancelación inesperada del programa, ahora 12,000 familias no tendrán acceso a sistemas solares que podrían darles una mejor calidad de vida e independencia”.
Ángel Ortiz, director ejecutivo del Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI), subrayó que los programas buscaban prevenir otra tragedia como la del huracán María en 2017.
Tras el huracán María, se estimaron aproximadamente 4,645 muertes, muchas asociadas a la falta de servicios esenciales como la electricidad para equipos médicos. Ortiz relató cómo “ante desastres y emergencias, la falta de electricidad limita incluso la capacidad de desalojar de manera segura a una persona con discapacidad, particularmente cuando sus condiciones físicas han cambiado con el tiempo”, y cómo “la falta de energía pone en riesgo tratamientos médicos esenciales, como la necesidad de refrigeración de insulina o el manejo continuo de condiciones de salud”.
Para las personas que dependen de la electricidad para sobrevivir, “la energía no es un lujo, es una necesidad médica esencial”, afirmó Ortiz, quien también fungió como Embajador Solar del DOE. Agregó que “el no tener acceso a una fuente de energía fiable incrementa significativamente el riesgo de consecuencias graves e irreversibles para las personas con discapacidades”.
Frankie Miranda, presidente y CEO de Hispanic Federation, instó a las autoridades a dejar la política a un lado y priorizar a las personas. “Las familias que están perjudicando son en su mayoría residentes de zonas rurales, de edad avanzada, enfrentan apagones constantes y viven con discapacidades y condiciones médicas que requieren electricidad para su manejo”, señaló.
Miranda concluyó: “Todavía hay tiempo para que el DOE haga lo correcto y cumpla su compromiso con estas familias… Sabemos que estos sistemas de energía solar y baterías pueden ayudar a brindar seguridad y tranquilidad. El PR-ERF fue creado para salvar vidas, haciendo accesible energía resiliente para quienes más la necesitan”.
