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Por: Aridio Perdomo
aridioperdomo1@gmail.com
PUERTO PLATA:-La fiscalía de este departamento judicial, auxiliada por investigadores de la Policía Nacional, profundiza las indagatorias en torno al apresamiento de tres inversionistas españoles implicados en una gran estafa inmobiliaria detectada en el proyecto Paraíso Dorado promovido por la empresa DM & R., en el sector Sabana Grande de esta ciudad.
Los apresados son los esposos Jesús Aldea Abian, de nacionalidad española y Griselda Antonia Calderón Taveras.
Abian desempeña la función de representante en Puerto Plata de la compañía manejadora de dicho proyecto inmobiliario, incluso contra éste pesa en la ciudad de Aragón, España, una orden de búsqueda y captura por tener asuntos judiciales pendientes en su pueblo natal.
El otro investigado por la fiscalía de la Novia del Atlántico es el dominicano Pedro Pablo Pérez, gerente de dicha empresa, con vínculos matrimoniales con una funcionaria judicial de Santiago.
Los investigados fueron arrestados mediante la orden judicial número 2025-AJ0046625, según datos obtenidos en fuente de la fiscalía.
DENUNCIAS
El proyecto Paraíso Dorado ha sido objeto de múltiples denuncias desde el año 2020 por parte de unas 30 personas que han realizado inversiones a fin de lograr la adquisición de un solar, un apartamento o una vivienda individual, las cuales se sienten estafadas por los ejecutivos de esta empresa.
Una joven señora, la cual pidió reservas de su nombre, relató a los periodistas que han entregado fuertes sumas de dinero como adelanto para la adquisición de esas propiedades inmobiliarias, pero hasta «nos sentimos estafados porque no nos devuelven nuestro dinero invertido».
Alegó que durante años recibieron como excusas por parte de los representantes de este proyecto, que seríamos parte de nuevas etapas de construcción o nos beneficiarían con la devolución de nuestros t cursos, pero hasta el momento no ha ocurrido ninguna de estas dos promesas.
Sostuvo que por esta razón acudieron a la fiscalía de este distrito judicial para exigir de dichas autoridades que se ponga en acción los procedimientos legales que hagan posible la devolución de sus recursos que han invertido en este proyecto habitacional privado.
