Nueva York.- La Gateway Development Commission (GDC), una agencia biestatal de Nueva York y Nueva Jersey, volverá a recibir fondos del gobierno federal para avanzar en la construcción de un túnel bajo el río Hudson. Este proyecto de infraestructura, valorado en $16,000 millones de dólares, es considerado uno de los más importantes del país actualmente.
La financiación federal para el túnel ferroviario, que había estado suspendida por más de cuatro meses, se reanudó tras la declaración de los abogados de la administración del presidente Donald Trump ante una jueza federal, comprometiéndose a cumplir sus órdenes, según informó The New York Times.
El senador por Nueva York, Chuck Schumer (D-NY), confirmó la llegada de los primeros $30 millones de dólares de fondos federales para el proyecto Gateway y expresó su expectativa de que el dinero restante sea enviado lo antes posible para la reanudación de la construcción.
La suspensión de los fondos había generado una deuda de aproximadamente $205 millones de dólares con los planificadores del túnel, lo que llevó a la paralización de las obras la semana pasada y al despido de cerca de 1,000 trabajadores sindicalizados, de acuerdo con la GDC.
El gobierno federal había prometido más de $11,000 millones de dólares para el proyecto. Sin embargo, la financiación para el túnel —diseñado para ser utilizado por Amtrak y NJ Transit— fue detenida el 1 de octubre, coincidiendo con el inicio de un cierre del gobierno federal, bajo el argumento de revisar los contratos del proyecto para asegurar su cumplimiento con regulaciones federales revisadas.
En las semanas previas, la administración Trump había modificado su justificación para la prolongada suspensión, sugiriendo que cesaría su interferencia si el senador Schumer abogaba por nombrar la estación Penn Station de Manhattan y el Aeropuerto Internacional Dulles en Washington D.C. en honor al mandatario, una propuesta que el senador rechazó.
Consultada sobre esta exigencia y las motivaciones de Trump, su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, respondió esta semana: “¿Por qué no?”.
El 2 de febrero, los estados de Nueva York y Nueva Jersey demandaron al Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT), alegando perjuicios por los despidos y las interrupciones. La jueza federal Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, emitió una orden para finalizar la suspensión de pagos antes de las 5 p.m. del 12 de febrero.
Con un día de retraso, el pasado viernes, poco antes de las 5 p.m., el senador Schumer anunció que la comisión había recibido la primera parte de los fondos. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, declaró: “Hoy logramos avances. Finalmente se liberaron $30 millones de dólares, y un informe ordenado por el tribunal garantizará la transparencia sobre los fondos restantes. Pero el trabajo no ha terminado. Es necesario restablecer la financiación completa ahora”.
La GDC confirmó la recepción del desembolso inicial de $30 millones de dólares y expresó su expectativa de recibir la totalidad de los $205 millones adeudados. En un comunicado, la agencia indicó: “La construcción permanece suspendida por ahora y estamos trabajando con nuestros contratistas para planificar cómo distribuir estos fondos de la manera más eficaz y permitir que los trabajadores se reincorporen a sus labores para reanudar la construcción lo antes posible”.
En octubre, el Secretario del DOT, Sean Duffy, y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, habían afirmado que la decisión de detener los fondos se debió a la preocupación de que las agencias responsables —la MTA y la GDC— estuvieran atrasadas en el cumplimiento de una norma publicada apenas horas antes, según destacó Daily News.
Dicha norma, publicada en el registro federal el 3 de octubre, busca prohibir el uso de factores de raza o sexo para determinar si un contratista puede ser considerado una “Empresa Comercial Desfavorecida” (DBE). Este programa, creado en 1983 bajo la administración de Ronald Reagan, tiene como objetivo apoyar contratos de grandes proyectos para pequeñas empresas consideradas “en desventaja” social o económica.
La interrupción de este proyecto generó comparaciones con la abrupta cancelación en 2010 de una versión anterior de un túnel ferroviario bajo el río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey. En aquella ocasión, Chris Christie, entonces gobernador republicano de Nueva Jersey, canceló el túnel ARC justo al inicio de su construcción, alegando temores de grandes sobrecostos para su estado.
