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Por: Redacción
Santo Domingo, El Ministerio Público de la República Dominicana retomó este miércoles 4 de septiembre el interrogatorio a Sergio Alejandro Miniel Castillo, perito de la Cámara de Cuentas, como parte del juicio contra la anterior administración del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER). Este caso incluye a Lucía Medina Sánchez, presidenta de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, y hermana de Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el caso de presunta corrupción conocido como «Antipulpo».
El juicio se lleva a cabo en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con todos los acusados bajo libertad condicional. La investigación se centra en la asignación irregular de fondos a la fundación presidida por Lucía Medina Sánchez, lo cual está prohibido por las normativas de FONPER, al tratarse de familiares directos de personas vinculadas a la entidad.
Irregularidades Detectadas en la Auditoría
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), afirmó que la auditoría reveló serias irregularidades y delitos penales relacionados con la administración de fondos. Según Ortiz, tanto Fernando Rosa, expresidente del FONPER, como Carmen Magalys Medina Sánchez, vicepresidenta administrativa y hermana del expresidente Danilo Medina, aprobaron fondos de manera irregular.
Entre las irregularidades descubiertas, se mencionan pagos sin comprobantes justificativos, discrepancias en nóminas y reportes a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ingresos no reportados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por más de 38 millones de pesos, y adquisiciones sin evidencia de uso en actividades de la fundación.
Implicaciones para los Familiares del Expresidente
Ortiz enfatizó que el Ministerio Público está demostrando la implicación directa de Carmen Magalys Medina Sánchez en la mala administración de los fondos del FONPER. La hermana del expresidente Danilo Medina, como directora administrativa, habría sido corresponsable de los pagos, gastos y contrataciones irregulares realizadas durante su gestión.
El proceso judicial se reanudará el próximo 9 de septiembre, cuando la defensa continuará el contrainterrogatorio al perito de la Cámara de Cuentas. A pesar de las demoras ocasionadas por la complejidad del caso y la salud de los implicados, el Ministerio Público aseguró estar preparado desde el inicio para llevar adelante la investigación.
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