San José.- El movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos) ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para que no permita que el régimen del presidente Daniel Ortega actúe con impunidad tras su reciente declaración de que no volverán a celebrarse elecciones en Nicaragua.
En una declaración pública, Unamos demandó a la comunidad internacional que respalde al pueblo nicaragüense y ejerza la máxima presión política y diplomática para abrir la ruta hacia la democracia. Este grupo está compuesto por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio y otros opositores.
El llamado de Unamos se produce después de que Ortega, durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista celebrada el pasado 19 de julio, aseguró que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.
Para Unamos, desde que Ortega retornó al poder en 2007, el Gobierno sandinista ha robado ese derecho a las elecciones libres. La organización señaló que la cancelación de las elecciones y las nuevas leyes anunciadas por el Ejecutivo para cerrar la vía electoral han vuelto los ojos y los oídos de la comunidad internacional hacia Nicaragua.
Unamos recordó que en 2021, antes de las últimas elecciones presidenciales, el oficialismo encarceló a todos los aspirantes a candidatos presidenciales por la oposición, así como a líderes políticos, periodistas, sacerdotes, líderes sociales y activistas, eliminando a los partidos políticos que aún quedaban.
La organización destacó que si la tiranía ha expresado tan claramente su temor, quiere decir que la resistencia del pueblo nicaragüense está dando resultados. Para Unamos, el final de la tiranía de los Ortega-Murillo está cerca.
Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral. Desde 2017 ejerce el poder junto a Rosario Murillo, su esposa y anteriormente vicepresidenta, quien fue designada copresidenta del país en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió sus atribuciones y consolidó el control del matrimonio sobre las instituciones.
