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La diáspora no puede ser ciudadana para aportar y extranjera para decidir
El debate sobre el voto de los dominicanos residentes en el exterior ha vuelto a ocupar un espacio importante en la agenda pública nacional. La discusión se ha concentrado en el elevado nivel de abstención registrado fuera del país, los costos logísticos de organizar elecciones en territorios extensos y la pregunta de si resulta razonable mantener un sistema electoral que registra una participación considerablemente baja.
La discusión es legítima. Lo que merece mayor cuidado es convertir la abstención en un argumento para cuestionar un derecho político.
La socióloga y politóloga Rosario Espinal ha planteado algunos de estos cuestionamientos. Sus análisis sobre las elecciones de 2024 llaman la atención sobre una realidad que no puede ignorarse: mientras aumenta el número de dominicanos inscritos para votar en el exterior, la abstención continúa siendo muy elevada. A esto se suman las enormes distancias geográficas y las transformaciones que experimentan los dominicanos después de años viviendo fuera del país.
Es necesario estudiar esas razones.
Pero estudiar la abstención no significa necesariamente cuestionar el derecho al sufragio.
El dirigente Guido Gómez Mazara ha rechazado cualquier intento de limitar o eliminar el voto exterior, argumentando que la diáspora forma parte de la vida democrática dominicana y mantiene vínculos importantes con el país. En esa misma dirección se ha expresado el presidente Luis Abinader, quien rechazó propuestas para eliminar el voto de los dominicanos residentes en el extranjero y planteó que el camino debe ser mejorar las condiciones para ejercerlo.
También el expresidente Leonel Fernández ha rechazado de manera categórica cualquier iniciativa dirigida a eliminar el sufragio de la diáspora.
Pero más allá de las posiciones de estos dirigentes, hay una cuestión que debería estar en el centro de la discusión: los derechos ciudadanos no deberían depender exclusivamente de cuántas personas los ejercen en una determinada elección.
La diáspora dominicana no está formada únicamente por electores. Es una comunidad que mantiene vínculos familiares, económicos, profesionales y sociales con la República Dominicana. Sus integrantes envían recursos a sus familias, invierten, compran propiedades, visitan el país y participan de diferentes maneras en su desarrollo.
Por eso resulta insuficiente analizar su relación con la República Dominicana exclusivamente desde el porcentaje de quienes acudieron a votar un determinado domingo electoral.
Ahora bien, tampoco sería responsable ignorar la abstención. Si en 2024 más del 87 % de los inscritos en el exterior no acudió a votar, las autoridades electorales y los partidos políticos deberían preguntarse por qué.
¿Son demasiado distantes los centros de votación? ¿Los horarios dificultan la participación? ¿Existe suficiente información? ¿Los partidos mantienen una relación permanente con sus comunidades en el exterior o solamente se acercan durante las campañas? ¿Influye la integración de los emigrantes en las sociedades donde viven?
Son preguntas que requieren respuestas y datos.
El Estado tiene derecho a revisar los costos y la eficiencia de cualquier proceso electoral. Pero también tiene la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en condiciones adecuadas.
Si la participación es baja, el desafío democrático debería ser buscar mecanismos para aumentarla: mejorar la distribución de los centros de votación, ampliar la información, facilitar el acceso y estudiar nuevas modalidades dentro del marco constitucional y legal.
Hay una pregunta que la República Dominicana debería hacerse con absoluta honestidad: ¿queremos que nuestros ciudadanos en el exterior sean parte del país solamente cuando envían recursos, invierten, visitan o ayudan a sus familias, pero que dejen de serlo cuando llega el momento de ejercer sus derechos políticos?
La respuesta a esa pregunta debería orientar el debate.
La abstención debe preocuparnos. Los costos también deben ser examinados. Pero ninguno de esos factores debería convertir a la diáspora en una ciudadanía de segunda categoría.
El verdadero desafío no es quitarle derechos a quienes viven fuera. Es construir las condiciones para que más dominicanos en el exterior quieran, puedan y decidan ejercerlos.
- Luis Castillo
