Por: Anulfo Vargas Vásquez
El asesinato del periodista dominicano Orlando Martínez el 17 de marzo de 1975 fue un acto vil que intentó silenciar la verdad. Su muerte, a manos de agentes del régimen de Joaquín Balaguer, marcó un capítulo oscuro en la historia de la República Dominicana y dejó una cicatriz imborrable en la lucha por la libertad de expresión. Sin embargo, su caso no es único. En demasiados otros crímenes similares, la verdad sigue oculta y la justicia brilla por su ausencia.
A pesar de que algunos de los responsables materiales del asesinato de Orlando Martínez fueron finalmente condenados en el año 2000, los autores intelectuales nunca enfrentaron las consecuencias de sus actos. Peor aún, esta historia se repite en muchos otros casos , donde la impunidad es la norma y no la excepción.
En numerosas ocasiones, la condena pública y el escándalo mediático han servido para exponer atrocidades, pero esto no siempre garantiza justicia. La verdad sigue enterrada bajo el peso de intereses políticos y económicos. Mientras tanto, los asesinos caminan impunemente entre los dolientes, libres de culpa y castigo, perpetuando un ciclo de miedo e injusticia.
Es imperativo que la sociedad se mantenga vigilante y exija justicia no solo para Orlando Martínez, sino para todos aquellos que han sido silenciados por su compromiso con la verdad. No podemos permitir que los responsables se escuden en el olvido ni que el miedo sea más fuerte que la búsqueda de justicia. Cada crimen impune es una herida abierta en la memoria colectiva, y solo con verdad y justicia podremos sanar como sociedad.
La República Dominicana ha sido testigo de una serie de episodios oscuros en su historia reciente, muchos de los cuales han quedado en la impunidad debido a la falta de voluntad política y la debilidad del sistema judicial. Uno de los ejemplos más evidentes es la ausencia de un proceso oficial que esclarezca los crímenes políticos cometidos durante los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer (1966-1978), un período marcado por la represión, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales a manos de los organismos de seguridad del Estado.
A diferencia de otros países de América Latina, donde se han implementado comisiones de la verdad para investigar crímenes de Estado y generar un proceso de justicia y reconciliación, en República Dominicana estos esfuerzos han sido inexistentes o superficiales. La falta de una «Comisión de la Verdad» que documente y sancione a los responsables de los abusos del régimen balaguerista demuestra una clara indiferencia hacia la memoria histórica y los derechos de las víctimas.
El sistema de justicia dominicano ha sido cómplice de esta omisión, ya sea por presión política, corrupción o simple falta de interés. La impunidad ha permitido que muchos de los responsables de estos crímenes nunca hayan enfrentado un juicio ni hayan rendido cuentas ante la sociedad. Peor aún, en algunos casos, estos individuos han continuado desempeñando roles de poder dentro de la estructura del Estado, perpetuando un ciclo de corrupción y abuso de autoridad.
La impunidad en la República Dominicana no se limita al pasado, sino que sigue siendo un problema estructural en la actualidad. Los casos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel suelen quedar sin consecuencias reales, a pesar de los escándalos y las pruebas presentadas en los medios de comunicación. La selectividad con la que se aplica la justicia demuestra que el sistema está diseñado para proteger a ciertos sectores de poder mientras castiga con severidad a los más vulnerables.
Para que el país avance hacia una verdadera democracia y un estado de derecho, es imperativo que se implementen mecanismos de justicia transicional, incluyendo una Comisión de la Verdad que investigue y esclarezca los crímenes políticos del pasado. Además, se requiere una reforma judicial profunda que garantice la independencia de los tribunales y erradique la impunidad en todos los niveles del gobierno. Sin estos cambios fundamentales, la justicia dominicana seguirá siendo un instrumento de los poderosos, dejando en el olvido a las víctimas de la represión y la corrupción.
La pregunta que queda en el aire es: ¿seguirá la sociedad dominicana permitiendo que la historia se repita, o exigirá finalmente la justicia que tanto se le ha negado?
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