Washington D.C..-
La administración del expresidente Donald Trump anunció este lunes la creación de un fondo de $1,776 millones de dólares, denominado Fondo contra la Injerencia en la Justicia. Este mecanismo busca indemnizar a individuos que aleguen haber sido víctimas de persecución política por parte del Departamento de Justicia durante la gestión del presidente Joe Biden. La medida forma parte de un acuerdo para resolver una demanda interpuesta por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales, según informó Associated Press.
El fiscal general interino Todd Blanche declaró que el fondo ofrecerá “un proceso legal para que las víctimas de la instrumentalización de la justicia sean escuchadas y obtengan reparación”. En un comunicado, Blanche enfatizó que “la maquinaria del gobierno nunca debe usarse como arma contra ningún estadounidense”. No obstante, la agencia de noticias señaló que sus declaraciones no aludieron a las acusaciones de que el propio Departamento de Justicia, durante la administración Trump, fue presuntamente utilizado para perseguir a adversarios políticos del entonces mandatario.
Cerca de 100 miembros de la Cámara de Representantes firmaron un escrito judicial intentando bloquear el acuerdo, argumentando que permitiría la distribución de fondos públicos entre aliados políticos del expresidente bajo acusaciones no comprobadas de persecución. Donald Sherman, presidente de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, calificó el plan como “uno de los actos de corrupción más grandes de la historia estadounidense”.
Los detractores señalan que el fondo podría beneficiar a allegados de Trump que fueron investigados o condenados antes de su posible retorno a la Casa Blanca. Associated Press recordó que, en su primer día en el poder, Trump concedió indultos y conmutaciones de penas a participantes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Además, el Departamento de Justicia, bajo Trump, ha aprobado pagos a individuos implicados en investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses y ha impulsado procesos contra figuras percibidas como adversarias políticas.
El representante demócrata Jamie Raskin, miembro principal de su partido en el Comité Judicial de la Cámara Baja, acusó a Trump de intentar usar recursos públicos para beneficiar a sus seguidores. Raskin afirmó en un comunicado que “este caso no es más que una estafa diseñada para sacar $1,700 millones de dólares del Tesoro y repartirlos entre su milicia privada de insurrectos, alborotadores y supremacistas blancos”.
El Departamento de Justicia aseguró que el fondo no exigirá requisitos partidistas, permitiendo a cualquier ciudadano que considere haber sido perseguido injustamente solicitar compensación y una disculpa oficial. La supervisión correrá a cargo de una comisión de cinco miembros designados por Blanche.
El expresidente Trump ha citado como ejemplos de presunta persecución los procesos penales que enfrentó por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 y por el manejo de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago. Como parte del acuerdo, Trump también aceptó cerrar reclamaciones relacionadas con la investigación de Mar-a-Lago y otra pesquisa sobre los vínculos entre su campaña de 2016 y Rusia. Un portavoz de su equipo legal afirmó que Trump fue víctima de “acoso ilegal e invasiones de la privacidad”.
Durante la administración Biden, el entonces fiscal general Merrick Garland rechazó en múltiples ocasiones las acusaciones de politización, defendiendo que las decisiones judiciales se fundamentaron en pruebas y en la ley. El Departamento de Justicia de ese periodo también investigó a figuras demócratas, incluyendo al propio Joe Biden por el manejo de documentos clasificados, y presentó cargos contra su hijo Hunter Biden.
Para justificar la legalidad del acuerdo, el Departamento de Justicia lo comparó con un fondo de $760 millones de dólares establecido durante el gobierno de Barack Obama, destinado a compensar a agricultores nativos americanos que denunciaron discriminación racial. Sin embargo, los críticos señalan que aquel programa no buscaba beneficiar a aliados políticos investigados por posibles delitos.
La disputa judicial se originó con una demanda presentada este año por Trump en Florida, donde acusó al IRS de causar daños económicos y reputacionales por la filtración de sus registros fiscales y los de la Organización Trump. Sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump también formaron parte de la acción legal. En 2024, Charles Edward Littlejohn, excontratista del IRS, fue condenado a cinco años de prisión tras declararse culpable de filtrar información fiscal de Trump y otros contribuyentes adinerados a medios de comunicación entre 2018 y 2020. Esas filtraciones impulsaron investigaciones periodísticas, incluyendo una publicada por The New York Times en 2020 que reveló que Trump pagó apenas $750 dólares en impuestos federales el año que llegó a la Casa Blanca y que, en algunos periodos, no pagó impuestos sobre la renta debido a grandes pérdidas declaradas.
Diversos grupos de vigilancia ética han anunciado su intención de impugnar judicialmente el acuerdo. Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, afirmó que el caso “siempre fue una farsa y otra estrategia del presidente para acceder a fondos públicos y enriquecerse”.
