Santo Domingo.- La Cámara de Diputados de la República Dominicana ha rechazado las críticas emitidas por Amnistía Internacional en relación con el protocolo de atención a pacientes extranjeros en los hospitales públicos del país. Legisladores oficialistas y de oposición defendieron de manera unánime las políticas migratorias implementadas en el sector salud, negando las acusaciones de discriminación racial contra ciudadanos haitianos.
Las declaraciones de la organización se produjeron tras la asunción de la República Dominicana a la presidencia de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud. En su comunicado, Amnistía Internacional cuestionó la idoneidad del país para presidir este foro global, argumentando que las medidas migratorias en centros hospitalarios “ponen en riesgo la salud de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana”.
En respuesta, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ignacio Aracena, afirmó el derecho soberano del país a implementar políticas destinadas a proteger su sistema sanitario y asegurar la atención a sus propios ciudadanos. Aracena citó informes oficiales que, según él, indican que “más de un 35% del presupuesto de salud” era consumido por parturientas haitianas, una situación que habría sobrepasado la capacidad del sistema hospitalario nacional.
El legislador Aracena enfatizó la solidaridad histórica de los dominicanos con Haití, pero urgió a los organismos internacionales a involucrarse más activamente en la resolución de la crisis haitiana. “Nosotros hemos sido buenos vecinos, pero no tenemos la capacidad de producir las ayudas necesarias. La comunidad internacional debe ir en auxilio de Haití”, declaró.
Por su parte, Amnistía Internacional sugirió que estas medidas podrían disuadir a ciudadanos haitianos de buscar atención médica por temor a deportaciones, e instó al Gobierno dominicano a disociar el acceso a la salud del control migratorio.
El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) y médico pediatra, José Fabián, defendió el trato ofrecido a pacientes haitianos en los hospitales públicos, negando cualquier existencia de xenofobia en el sistema sanitario. “De cada 10 pacientes que veía, cuatro o cinco eran haitianos”, afirmó Fabián, asegurando que los profesionales de la salud nunca niegan asistencia por nacionalidad, invocando el juramento hipocrático. Según el legislador, los ciudadanos haitianos reciben cesáreas, medicamentos y atenciones hospitalarias “sin ningún tipo de discriminación”, e incluso, “quizás más que a los dominicanos”.
La diputada del PRM, Dorina Rodríguez, también defendió el protocolo migratorio aplicado, declarando que “Amnistía no tiene ningún derecho a dar órdenes a República Dominicana”. Rodríguez reiteró la colaboración histórica del país con Haití, pero insistió en la responsabilidad de la comunidad internacional frente a la crisis haitiana, señalando que “El problema haitiano no está exclusivamente en la República Dominicana”, frase previamente atribuida al presidente Luis Abinader.
En una línea similar, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, criticó a Amnistía Internacional por, a su juicio, no comprender la realidad migratoria del país. “Ninguno siente la presión migratoria del tema haitiano ni ve cómo el tema le quita del presupuesto de salud las camas a una parturienta dominicana”, sostuvo Crespo. El legislador advirtió que suspender el protocolo migratorio podría impactar negativamente los servicios públicos para los ciudadanos dominicanos, reiterando que el país “ya no aguanta más” la carga derivada de la crisis haitiana.
El exdirector general de Migración, Venancio Alcántara, respaldó estas afirmaciones, asegurando que durante su gestión “nunca se expulsó a mujeres embarazadas sin recibir atención médica”. Explicó que, si bien hubo intentos de controlar el ingreso masivo a hospitales por la alta demanda, las mujeres en labor de parto siempre recibieron asistencia, enfatizando que “Jamás se violaron los derechos de ningún ciudadano”.
Anteriormente, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, también había defendido el protocolo implementado en abril de 2025, el cual, según se indicó, ha resultado en una disminución de la demanda de atenciones por parte de la población extranjera. Este protocolo establece que, tras recibir servicios médicos, los pacientes deben presentar documentación, carta de trabajo y constancia de domicilio; en caso de irregularidad migratoria, se procede a su repatriación.
