BOGOTÁ.-
Al menos 270 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en Colombia el año pasado, lo que equivale a un homicidio cada 32 horas, según reveló este jueves un informe de la organización Caribe Afirmativo. La ONG enfatizó que esta situación «no es un fenómeno aislado, sino sistemático y persistente».
Esta cifra resulta particularmente alarmante, ya que, de acuerdo con Caribe Afirmativo, representa un incremento significativo de casos en comparación con años anteriores: se registraron 165 homicidios en 2024 y 153 asesinatos en 2023.
El informe más reciente de Caribe Afirmativo sobre la situación de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Colombia «revela una crisis estructural marcada por el aumento de la violencia por prejuicio, su expansión territorial y una respuesta estatal insuficiente», añadió la organización.
Además de los homicidios, durante el año pasado se registraron 1.184 víctimas de amenazas, las cuales, según esta ONG, «funcionan como mecanismos de control territorial, regulan la visibilidad de las personas LGBTIQ+ y silencian liderazgos sociales».
El reporte también documentó 1.531 casos de violencia intrafamiliar y 628 casos de violencia sexual, con una «alta afectación a mujeres lesbianas y bisexuales».
Caribe Afirmativo señaló que «el informe identifica la violencia digital como un factor determinante en el escalamiento de la violencia, funcionando como un catalizador de agresiones físicas, amplificador del odio y mecanismo de exposición y persecución».
En este sentido, la organización documentó prácticas como el ‘doxxing‘ (exposición de datos personales), la suplantación de identidad, la porno-venganza y el hostigamiento sistemático. Los efectos concretos de estas agresiones se traducen en desplazamiento territorial, afectaciones a la salud mental, pérdida de empleo y reducción de la participación pública.
La violencia contra las personas LGBTIQ+ se concentró en grandes centros urbanos como Bogotá y Medellín, aunque también se observó una «expansión hacia territorios con corredores de economías ilegales y zonas con débil presencia estatal».
La ONG Caribe Afirmativo también identificó «deficiencias institucionales», tales como un «subregistro de casos; falta de variables de orientación sexual e identidad de género; fragmentación en la producción de información, y altos niveles de impunidad».
Por último, la organización alertó sobre «una brecha crítica entre derechos formales y garantías reales», e instó a «implementar mecanismos efectivos de prevención frente a amenazas» y a «adoptar políticas estructurales que aborden las causas de la violencia».
