SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha dictado una sentencia de diez años de reclusión mayor contra Antonio Beato Dionicio, exencargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). La condena se produce tras encontrarlo culpable de estafar a diversas empresas mediante la simulación de compras institucionales.
El tribunal, compuesto por los jueces Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez, impuso la pena a Beato Dionicio. El Ministerio Público había solicitado inicialmente una condena de veinte años de prisión para el exfuncionario.
Según el expediente acusatorio, Beato Dionicio, quien actualmente cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, se dedicaba a captar a personas físicas y jurídicas. Para ello, utilizaba de manera fraudulenta el nombre del Ministerio Público y de la DGSPC, creando y empleando documentación pública falsa de estas instituciones para obtener mercancías que posteriormente revendía.
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez valoró positivamente la decisión judicial, considerándola un avance significativo en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa el Ministerio Público. Ramírez subrayó que “esta es una condena que sirve de ejemplo para todos aquellos funcionarios públicos y servidores públicos; para que no incurran en actos ilícitos en perjuicio de la sociedad dominicana”.
El fiscal explicó que el imputado aprovechó su posición para engañar a numerosos empresarios que, confiando en la supuesta contratación con la Procuraduría General de la República, entregaron diversos productos alimenticios. Estos bienes fueron luego comercializados por Beato Dionicio a distintos comerciantes en San Cristóbal.
La acusación formal contra Antonio Beato Dionicio, un documento de ciento doce páginas, fue presentada en noviembre del año 2025 por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en colaboración con los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado.
El expediente fue sustentado con sesenta pruebas documentales, veinticinco testimoniales, treinta y seis procesales, cinco materiales y cuatro periciales, todas las cuales fueron consideradas determinantes para demostrar la responsabilidad penal del acusado.
