Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha dispuesto la suspensión de oficio de 69 funcionarios públicos de alto nivel del Registro de Proveedores del Estado (RPE), tras identificarlos con registros activos que contravienen la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. Esta normativa prohíbe expresamente que altos cargos estatales sean proveedores del Estado para evitar conflictos de interés.
Entre los afectados por esta medida figuran destacadas personalidades como el actual ministro de la Energía y Minas, Joel Santos Echavarría; el exministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah Lajam; y el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme. También se incluye al exministro de Agricultura, Limber Cruz López, lo que evidencia que la acción abarca tanto a funcionarios en ejercicio como a quienes han ocupado cargos públicos recientemente.
La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada en julio de 2025 y en vigencia desde el 27 de enero de 2026, establece un régimen de inhabilidades absolutas. Según esta legislación, ministros, viceministros, legisladores, directores y otros altos cargos no pueden contratar ni formar parte de empresas proveedoras del Estado, una disposición clave para la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Es importante destacar que la inclusión en este listado no implica necesariamente que los funcionarios tuvieran contratos activos con el Estado, sino que su sola inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) mientras ejercían funciones públicas constituye una incompatibilidad legal y motivó la suspensión preventiva.
La medida también impacta a un nutrido grupo de viceministros, entre ellos Fernando Hiram Taveras Rodríguez, Julio Ramón Cordero Espaillat, Noel Rafael Báez Paredes, Oliver José Nazario Brugal, Opinio Antonio Díaz Vargas, Samuel Taveras Tiburcio, Antonio Palma Laracuent, Anyelo Ramírez Bido, Elías Antonio Santana Germán y Tomasina Pascual Fanit, quienes aparecen vinculados a registros de proveedores o sociedades comerciales.
El listado de la DGCP se extiende al cuerpo diplomático, incluyendo a embajadores y cónsules generales como Ana Emilia Báez Santana, Ana Idalia del Rosario Castellanos Khoury, Elvis Antonio Alam Lora, Georges Bahsa Hazim, Guillermo Gómez Canaan, Guina Marys Serrata Encarnación, Juan Bolívar Díaz Santana, Luis Bienvenido García Mercado, Ricardo Tomás Polanco Reinoso, Félix Aracena Vargas, Flavio Amaury Rondón de Jesús, Jorge Marte Báez, Geanilda Vásquez Almanzar, Gloria Claritza Guevara Arboleda y José Luis Díaz Quezada.
Asimismo, la suspensión alcanza a directores ejecutivos y generales de diversas instituciones, entre ellos Maximiliana Manzueta Morel, Yunior Esteban Torres Ayala, Alexis Antonio Alcántara Dionicio, Carlos José Then Contin, Eladio Arnaud Santana, Jean Luis Rodríguez Jiménez, Milton Teófilo Morrison Ramírez, Rafael Abraham Burgos Gómez, Mildred Gabriela Martínez Mejía, Demetrio Antonio Vicente Ureña, Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni y Cristian Arcadio Morel Guzmán, así como a subdirectores y otros cargos administrativos.
En el ámbito político y municipal, la lista también incluye al senador Moisés Ayala Pérez y a la vicealcaldesa Belkis Josefina Candelier Rosario, junto a otros funcionarios de gobiernos locales y órganos colegiados.
La DGCP ha explicado que esta suspensión del RPE no tiene un carácter sancionador, sino que se trata de una medida administrativa preventiva. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley, evitar conflictos de interés y fortalecer la transparencia en los procesos de compras públicas de la República Dominicana.
La inhabilitación se mantendrá mientras los funcionarios permanezcan en sus cargos y se extenderá por un período de hasta seis meses después de su salida, conforme a lo establecido por la legislación vigente.
