NUEVA YORK.– Un grupo de congresistas de Estados Unidos, liderado por el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández Rivera, ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia federal (DOJ) que inicie una investigación exhaustiva sobre las alegaciones de un supuesto esquema de intercambio de votos por drogas a presos en cárceles de la isla, que beneficiaría a la gobernadora Jennifer González.
A través de una carta fechada este miércoles, Hernández y otros cuatro legisladores instaron a la Oficina del Inspector General (OIG) del DOJ a indagar en las acciones del Departamento relacionadas con una pesquisa previa que involucraba presunto narcotráfico y fraude electoral. «Esta investigación debe incluir la decisión del Departamento de no presentar cargos relacionados con el fraude electoral, a pesar de los hallazgos y las pruebas reportadas», enfatizaron los representantes.
El documento, dirigido a Don R. Berthiaume, inspector general interino, hace referencia a un artículo del medio estadounidense ProPublica que reseñó un alegado esquema de intercambio de drogas por votos en 2024, supuestamente para favorecer a la entonces precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
Según el reportaje, investigadores federales habrían recopilado evidencia que implicaba a miembros de la pandilla “Los Tiburones” y a personal correccional en la trama. Sin embargo, funcionarios de la fiscalía federal en Puerto Rico habrían ordenado descartar del pliego acusatorio los cargos relacionados con delitos electorales. “A pesar de las pruebas, el Departamento se negó a presentar cargos. La acusación formal resultante imputó a 34 acusados delitos que incluían la distribución de drogas con resultado de muerte por sobredosis, lavado de dinero y posesión de armas de fuego; si bien describía el presunto esquema de intercambio de drogas por votos, no presentó cargos relacionados con las elecciones”, detalla la misiva.
Los congresistas demócratas argumentaron que las alegaciones no parecen ser afirmaciones generalizadas o especulativas. Por el contrario, “los informes indican que las autoridades federales consideraron que las alegaciones eran lo suficientemente creíbles como para emprender medidas de investigación, incluido el uso de citaciones judiciales y la participación de personal federal encargado de hacer cumplir la ley”, señala la carta.
El grupo de legisladores cuestiona que la decisión de no procesar cargos electorales contradice el énfasis de la Administración Trump y el alto mando del DOJ en priorizar “la integridad y la seguridad electoral”. La carta recuerda que el Departamento ha calificado a las organizaciones de narcotráfico como amenazas a la seguridad pública y a las instituciones democráticas, al buscar influencia política mediante la corrupción y la coacción.
Los legisladores federales también hicieron hincapié en las irregularidades denunciadas públicamente en los procesos electorales de 2020 y 2024 en la isla, que incluyeron falta de papeletas, escasez de funcionarios y retrasos. Recordaron que las primarias de 2020 fueron suspendidas parcialmente y pospuestas debido a fallos logísticos y una escasez generalizada de papeletas, y que preocupaciones similares persistieron en ciclos electorales posteriores.
El escrito también resaltó problemas en el proceso de escrutinio postelectoral, con interrogantes sobre el manejo y la adjudicación de papeletas de voto por correo que aparecieron sin pliegues, lo cual es inconsistente con su envío postal. Estas irregularidades generaron llamados a una investigación más profunda de los procedimientos de voto ausente y voto adelantado.
La jornada electoral de 2024 tampoco estuvo exenta de incidentes. Se cuestionó la integridad del proceso de aprobación de candidatos por la falsificación de la firma digital de una votante. Además, la misiva menciona reportes de apagones y discrepancias con las máquinas de escrutinio de votación durante las primarias, lo que llevó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico a auditar y reconsiderar su contrato con Dominion Voting Systems. A pesar de esto, durante los comicios generales, las máquinas volvieron a registrar resultados incorrectos en la consulta plebiscitaria de estatus, invirtiendo los totales de Libre Asociación e Independencia. También se citaron informes de personas fallecidas que seguían figurando como votantes activos.
Los congresistas señalaron los “repetidos y bien documentados escándalos de corrupción pública” que involucran a funcionarios, contratistas y entidades gubernamentales tanto en el PNP como en el Partido Popular Democrático (PPD). Recordaron que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se declaró culpable de una violación a las normas de financiamiento de campañas de 2020, antes de ser indultada por el presidente Trump.
Los representantes afirmaron que, en vista de lo anterior, las alegaciones contenidas en el reporte de ProPublica ameritan una indagación a fondo por parte del DOJ. Consideran que la confianza pública en las instituciones democráticas requiere que las alegaciones fundamentadas se gestionen de manera coherente, independientemente de los actores políticos.
El grupo, compuesto por Pablo José Hernández, Nydia Velázquez (Nueva York), Robert García (California), Adriano Espaillat (Nueva York) y Jesús “Chuy” García (Illinois), solicitó al DOJ examinar si la decisión de no procesar cargos fue congruente con su política, procedimientos y práctica. Pidieron aclarar si se aplicaron los mismos estándares de investigación y enjuiciamiento que en otros casos de fraude electoral y corrupción, y si se consideraron las implicaciones más amplias de abstenerse de presentar cargos relacionados con las elecciones.
También cuestionaron el grado de coordinación entre el DOJ, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Prisiones y otras agencias federales, así como con el Departamento de Justicia de Puerto Rico y los funcionarios del gobierno local, incluyendo la CEE, y cómo estas coordinaciones pudieron influir en las decisiones de investigación o procesamiento.
Finalmente, los legisladores pidieron a la agencia revelar si “alguna interferencia política, influencia indebida o presión” por parte de los encargados del Departamento u otros funcionarios gubernamentales afectó el manejo de la investigación o la decisión de no presentar cargos adicionales relacionados con las elecciones.
El artículo de ProPublica, con fecha del 5 de mayo, indicó que investigadores habrían reunido “evidencia sólida” de fraude electoral que implicaba a presos y empleados correccionales. La pesquisa buscaba determinar si González o miembros de su campaña estaban involucrados, según el reporte, que citó bajo anonimato a cuatro personas con conocimiento del caso.
Las fuentes anónimas manifestaron que, días después de que González ganara las elecciones en noviembre, recibieron una orden de la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico para excluir los cargos contra los presos relacionados con el presunto esquema de votos a cambio de drogas.
La gobernadora Jennifer González ha negado los señalamientos, calificando el reportaje de “encargo y difamatorio” ante la proximidad de las elecciones. En una conferencia de prensa, afirmó: “Aquí no hay nada”. “Si tienen investigaciones del pasado cuatrienio, que las hagan, que las lleven a feliz término. Pero yo no tengo absolutamente nada que ver con las cosas que se señalan ahí, mucho menos mi campaña”, agregó. “Hacer esas alegaciones de droga, de cambio de votos, es lo más alejado de la realidad que alguien puede ver. Primero, que yo no he visitado las cárceles, las alegaciones que se hacen no ha habido nada de ese tipo y, si las hubiera, si en efecto hubiera habido esas investigaciones, fueron durante el pasado cuatrienio, y a mí no me consta. Yo era comisionada residente en Washington. Yo era una funcionaria federal”, sostuvo la mandataria.
