REDACCIÓN.- El gobierno de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos presentó una demanda civil contra The Coca-Cola Company, PepsiCo Inc. y sus fabricantes y distribuidores locales, acusándolos de prácticas comerciales engañosas y de contribuir significativamente a una crisis de residuos plásticos que amenaza al territorio, su salud pública y su economía turística.
Según informó en abril Virgin Islands Consortium, la demanda, de 42 páginas, sostiene que ambas compañías han promovido y distribuido productos en envases de plástico de un solo uso de manera engañosa, mientras aseguraban falsamente que eran reciclables.
El documento legal alega que estas acciones han generado una crisis de gestión de residuos que ya supera la capacidad de los vertederos del territorio. “Debido en gran medida a la conducta de los demandados al promover y distribuir falsamente plásticos de un solo uso, las Islas Vírgenes enfrentan una crisis de gestión de residuos”, afirma la demanda.
Prácticas engañosas y omisión ambiental
La demanda fue presentada por el Departamento de Licencias y Asuntos del Consumidor del territorio, y describe una estrategia corporativa de desinformación. De acuerdo con Virgin Islands Consortium, mientras las empresas declaraban estar comprometidas con la sostenibilidad, en realidad producían millones de toneladas de plástico, muchas de las cuales terminaban contaminando costas, mares y espacios públicos del archipiélago caribeño.
El documento denuncia que tanto Coca-Cola como PepsiCo fabrican, embotellan y venden grandes cantidades de bebidas en botellas de plástico de un solo uso sin implementar ni financiar un sistema responsable para su eliminación ambientalmente segura.
Aunque ambas compañías se comprometieron públicamente a reducir el uso de plástico virgen —obtenido a partir de combustibles fósiles—, en 2022 Coca-Cola utilizó menos de 14% de plástico reciclado en sus envases, mientras que PepsiCo alcanzó solo 6%, según datos incluidos en la demanda.
Impactos en la salud, el ambiente y el turismo
El texto judicial advierte que la contaminación plástica ha alcanzado niveles casi imposibles de eliminar en espacios públicos del archipiélago. Las Islas Vírgenes cuentan con solo dos vertederos principales, ambos al borde del colapso o ya saturados.
Además del impacto ambiental, la demanda subraya los riesgos para la salud humana. La exposición a microplásticos —fragmentos de menos de cinco milímetros— se ha vinculado con enfermedades como cáncer, demencia y afecciones cardíacas.
El turismo, que representa cerca del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) del territorio, también se ve afectado por la contaminación costera y la presencia de residuos en playas y parques naturales. Esta degradación ambiental, sumada al aumento del nivel del mar y a tormentas más intensas por el cambio climático, amenaza tanto los ingresos locales como la infraestructura turística.
“Greenwashing”
La acción legal no se limita a acusaciones de contaminación. El gobierno alega que Coca-Cola y PepsiCo incurrieron en greenwashing, es decir, una estrategia de marketing que busca aparentar responsabilidad ambiental, mientras cabildeaban de forma silenciosa para debilitar normativas ecológicas a nivel mundial.
Según Virgin Islands Consortium, esta conducta transfiere la carga de la crisis del plástico a los consumidores, al tiempo que oculta el impacto real de las operaciones empresariales.
La demanda solicita a la corte que impida la continuidad de estas prácticas y que imponga sanciones proporcionales, citando violaciones a la Ley de Protección al Consumidor de 1973 del territorio y a la Ley contra el Fraude y las Prácticas Comerciales Engañosas.
Otros frentes legales abiertos contra PepsiCo
Este proceso coincide con una presión legal creciente sobre PepsiCo a nivel federal. De acuerdo con NBC News, en enero pasado, la Comisión Federal de Comercio (FTC) presentó una demanda contra la empresa por presunta discriminación de precios. Se la acusa de ofrecer tarifas preferenciales a grandes cadenas, en perjuicio de pequeños comercios minoristas.
La denuncia se fundamenta en una ley de 1936 que prohíbe prácticas discriminatorias entre compradores competidores. Fue una de las últimas acciones de la administración del presidente Joe Biden antes de que la FTC fuera reconfigurada por el presidente Donald Trump, quien destituyó a dos comisionados demócratas y nombró a Andrew Ferguson como nuevo presidente.
En paralelo, un grupo de legisladores demócratas, encabezado por la senadora Elizabeth Warren, el senador Cory Booker y el representante Jerry Nadler, envió una carta a PepsiCo exigiendo explicaciones sobre su política de precios. Advirtieron que esas prácticas podrían perjudicar a comerciantes independientes y encarecer los productos para los consumidores.
Reacciones y acciones de las compañías
Ambas compañías han defendido sus políticas ambientales. Han destacado iniciativas como el uso de empaques de fibra para reemplazar anillos de plástico, inversiones en agricultura sostenible e incorporación de camiones eléctricos en sus cadenas logísticas.
No obstante, las autoridades del territorio consideran estos esfuerzos insuficientes y exigen mecanismos de rendición de cuentas más eficaces y proporcionales al daño causado.
PepsiCo rechazó los señalamientos de la FTC en enero, calificando la demanda como partidista y carente de fundamentos. Coca-Cola no ha emitido comentarios sobre la demanda presentada en el Caribe estadounidense.
