MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reafirmó este miércoles el carácter temporal del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, conocido como «Alcatraz de los Caimanes», y destacó su papel en la deportación de 22,000 personas. Las declaraciones se producen en respuesta a informes sobre el posible cierre de la instalación debido a sus elevados costos.
DeSantis manifestó que no ha recibido comunicación oficial del Gobierno federal respecto al cierre de la instalación, ubicada al oeste de Miami. Sus afirmaciones surgen tras un informe publicado el martes por The New York Times, el cual indicaba que el centro cesaría operaciones en junio por consideraciones de alto costo por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El mandatario republicano reiteró que Florida nunca concibió el centro como una entidad permanente. Recordó que el sitio abrió en julio de 2025, siguiendo una visita del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la zona de los Everglades, un ecosistema natural caracterizado por pantanos y una vasta fauna de reptiles, incluyendo caimanes.
«El DHS carecía de la capacidad para retener a los extranjeros ilegales que estábamos aprehendiendo. Por ello, con su apoyo y reembolso, pudimos procesar y deportar a 22,000 personas que, de otro modo, habrían regresado a las comunidades de Florida», declaró DeSantis en Titusville, luego de un discurso.
El gobernador no refutó el informe de The New York Times, el cual detalla que la reubicación de los detenidos está programada para junio, y el desmantelamiento del centro se llevaría a cabo en las semanas subsiguientes, según fuentes consultadas por el medio, incluyendo un funcionario federal y tres personas con conocimiento del Alligator Alcatraz.
El rotativo neoyorquino señaló que el Departamento de Seguridad Nacional ha concluido que el centro de detención migratoria gestionado por el estado resulta excesivamente oneroso, y que algunos proveedores privados han enfrentado dificultades para cubrir los gastos. No obstante, DeSantis justificó la inversión en deportaciones argumentando que es una cuestión de seguridad pública.
El mandatario, sin especificar el costo total del centro para el estado, indicó que el actual plan del Gobierno federal implica procesar a los migrantes en otras ubicaciones, ya que las agencias migratorias disponen ahora de un presupuesto que no tenían cuando la instalación fue inaugurada.
«No edificamos ninguna estructura permanente allí porque sabíamos que sería temporal. Sin embargo, no he recibido ninguna comunicación oficial que indique que dejarán de enviar extranjeros ilegales a ese lugar», puntualizó DeSantis.
Por su parte, ambientalistas y activistas migratorios han declarado que continuarán su oposición al centro. Argumentan que la instalación daña el ecosistema, maltrata a los migrantes y simboliza las políticas migratorias del segundo mandato de la Administración Trump, que en su momento presentó a Florida como un modelo a seguir en esta materia.
