Madrid.-
El Gobierno español ha aprobado una partida de 30.000 euros destinada a la defensa jurídica de los ciudadanos españoles acusados en el extranjero de delitos que podrían conllevar la pena de muerte. Esta medida se aplica ante situaciones críticas, como la de un compatriota actualmente en Egipto.
La persona en cuestión es Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española, quien fue condenado en 2017 por el asesinato de su cuñado en la ciudad egipcia de Damietta.
Desde España, se han realizado reiteradas gestiones ante las autoridades egipcias para solicitar la conmutación de la pena capital impuesta a Ghaly, quien ha negado los hechos y ha denunciado haber sido sometido a torturas durante los interrogatorios.
La ayuda financiera, ofrecida por el Ejecutivo, podrá ser solicitada hasta el 23 de mayo, según lo estipulado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde fue publicada la semana pasada.
Javier Casado, director de la Fundación +34 Nunca Olvidados, entidad que brinda asistencia a españoles encarcelados en el extranjero «en situación de desamparo», explicó a EFE que la cuantía facilitada por el Ejecutivo está orientada principalmente al sistema judicial estadounidense. En dicho sistema, tras una condena a la pena capital, existe la posibilidad de presentar un recurso, un proceso que, según Casado, «cuesta un dineral».
Sin embargo, esta partida no está disponible para los ciudadanos españoles condenados a otras penas o aquellos que cumplen cadena perpetua en otros países, una situación que afecta a varios individuos.
