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NUEVA YORK .- Varios estados, incluidos Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, anunciaron el jueves su intención de demandar a la administración Trump por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
La demanda responde a la decisión del Departamento del Tesoro de permitir que Elon Musk y DOGE accedan a sistemas de pago sensibles que contienen información personal identificable de los estadounidenses, según indicaron los fiscales generales estatales.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una coalición de 12 fiscales generales al hacer el anuncio el jueves.
«Como el hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan ‘no’, pero en nuestro país, nadie está por encima de la ley. El presidente no tiene el poder de regalar nuestra información privada a quien él elija, y no puede recortar pagos federales aprobados por el Congreso», dijo James en un comunicado. «Este nivel de acceso para individuos no autorizados es ilegal, sin precedentes e inaceptable. DOGE no tiene autoridad para acceder a esta información, que buscaban explícitamente para bloquear pagos críticos de los que dependen millones de estadounidenses, incluidos aquellos destinados a la atención médica, el cuidado infantil y otros programas esenciales».
Acompañaron a la fiscal James en la declaración los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, Rhode Island y Vermont.
La Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey también confirmó que forma parte de la demanda.
La demanda aún no ha sido presentada.
El anuncio se produce después de una presentación legal el miércoles por la noche, cuando abogados del Departamento de Justicia acordaron una orden propuesta que prohibiría en gran medida al Departamento del Tesoro compartir datos financieros sensibles con DOGE.
El acuerdo permite que dos personas asociadas con Musk, pero empleadas por el Departamento del Tesoro como empleados gubernamentales especiales, tengan acceso de «solo lectura» a los datos sensibles.
Una vez aprobado por la jueza de distrito de EE.UU. Colleen Kollar-Kotelly, quien supervisa el caso, el acuerdo permanecerá vigente hasta el 24 de febrero, cuando ambas partes regresen a la corte para debatir sobre una orden judicial preliminar a largo plazo.
