California.-
Rob Bonta, fiscal general de California, ha denunciado un “considerable” deterioro en las condiciones de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras inspecciones realizadas en siete instalaciones del estado, el informe documenta hacinamiento, deficiencias en la atención médica, presunto uso excesivo de la fuerza y condiciones insalubres.
El informe, presentado a través del Departamento de Justicia de California, señala un marcado declive en los centros de detención de inmigrantes operados por ICE, en un contexto de incremento de detenciones durante la campaña de deportaciones masivas de la Administración Trump.
Entre los problemas identificados por el fiscal se encuentran el hacinamiento, el acceso deficiente a servicios médicos, alimentos en mal estado, denuncias de uso excesivo de fuerza y condiciones de confinamiento inadecuadas.
Además, el reporte indica que seis personas detenidas fallecieron entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, lo que representa la cifra más alta desde que las inspecciones estatales comenzaron en 2017.
“Esto es cruel, inhumano e inaceptable, y urge que la Administración de Trump haga algo al respecto”, declaró Bonta al presentar el quinto informe estatal sobre las condiciones en instalaciones migratorias.
Las inspecciones, llevadas a cabo por el Departamento de Justicia de California durante 2025, abarcaron siete centros operativos: Adelanto, Desert View Annex, Golden State Annex, Mesa Verde, Imperial, Otay Mesa y California City.
Según el documento, la población detenida experimentó un aumento del 162%, pasando de 2,303 personas en las visitas de 2023 a 6,028 en 2025.
La dependencia atribuye parte de este incremento a la política de la Administración Trump de restringir la liberación bajo fianza, sumado al aumento general en detenciones y deportaciones.
El informe también destaca que, contrariamente a las afirmaciones sobre operativos enfocados en individuos con antecedentes criminales, la mayoría de los detenidos carecía de historial penal y era considerada de baja peligrosidad.
Uno de los hallazgos principales del informe se centra en la atención médica.
De acuerdo con los testimonios recopilados durante las inspecciones y entrevistas realizadas a 194 personas detenidas, los migrantes reportaron dificultades constantes para recibir consultas, tratamientos y atención médica oportuna, incluso en situaciones de emergencia.
El documento señala que personas con enfermedades crónicas y padecimientos agudos tampoco recibieron, de manera reiterada, las referencias necesarias para evaluaciones médicas especializadas.
La Fiscalía también detectó retrasos en los procesos de admisión, que deberían incluir evaluaciones médicas y de salud mental durante las primeras 12 horas de ingreso. Sin embargo, algunos detenidos afirmaron haber esperado varios días antes de ser procesados y asignados a un espacio.
Mientras permanecían en espera, algunos indicaron haber dormido en el suelo sin acceso suficiente a agua o ropa adecuada.
El informe describe una presión creciente sobre la capacidad operativa de varios centros.
En Otay Mesa, los inspectores registraron 1,433 personas detenidas pese a contar con 1,142 camas disponibles. En Adelanto, la población bajo custodia pasó de siete personas en 2023 a 1,570 a mediados de 2025.
Las inspecciones también documentaron quejas relacionadas con la alimentación. Los detenidos reportaron alimentos mal cocidos, horarios irregulares de comida y la ausencia de ajustes por alergias o necesidades dietéticas específicas.
En Golden State Annex y Mesa Verde, algunas personas afirmaron gastar entre 50 y 150 dólares semanales en productos de comisariato para complementar su alimentación.
En Adelanto, los inspectores observaron, además, agua turbia en el grifo de una unidad de vivienda para mujeres.
El reporte también incluyó observaciones sobre procedimientos y medidas disciplinarias aplicadas en algunos centros.
En Otay Mesa, las autoridades estatales identificaron una política que exige a las personas detenidas someterse a registros corporales al desnudo después de visitas de contacto no legales.
Según el informe, los detenidos indicaron que esta práctica afecta negativamente su salud mental y dignidad.
Asimismo, en centros como Adelanto y Desert View se documentaron preocupaciones relacionadas con el presunto uso excesivo de la fuerza por parte del personal.
El Departamento de Justicia estatal indicó que algunos testimonios describieron incidentes en los que se utilizó gas pimienta durante acciones disciplinarias.
La oficina de Rob Bonta afirmó que las muertes registradas y las condiciones detectadas generan serios cuestionamientos sobre la capacidad de las instalaciones para albergar de manera segura a una población en crecimiento.
Las inspecciones se realizan bajo la ley AB 103, aprobada durante el primer mandato de Trump, que autoriza revisiones estatales sin previo aviso a centros de detención migratoria en California.
Hasta la publicación de esta información, ICE no había emitido una respuesta oficial sobre los señalamientos incluidos en el informe estatal.
