CIUDAD DE MÉXICO.-
La Secretaría de Hacienda de México confirmó este lunes el bloqueo «con carácter estrictamente preventivo» de las cuentas bancarias de diez altos funcionarios del estado de Sinaloa, quienes son acusados de narcotráfico por Estados Unidos. Entre los afectados se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, afiliado al partido oficialista.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comunicó que estas adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) provienen de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano. Estos reportes surgieron tras las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra los funcionarios.
Según precisó la SHCP, instituciones bancarias mexicanas emitieron alertas respecto a clientes considerados como «personas políticamente expuestas», después de que Washington les acusara de ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos.
Entre los políticos señalados, además del gobernador, se encuentran el alcalde con licencia de Culiacán, la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, el senador oficialista Enrique Inzunza, y antiguos responsables del gobierno estatal.
Ante esta situación, las autoridades ejecutaron la inmovilización preventiva de los recursos bancarios, con el objetivo de «proteger la integridad del sistema financiero nacional».
La UIF subrayó que estas medidas «no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo». En este sentido, las autoridades mexicanas se encuentran «analizando diversa información y documentación relacionada» con las personas señaladas.
En su conferencia de prensa diaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que es una medida «preventiva» y «automática» derivada de una orden de aprehensión en Estados Unidos. Afirmó que «no es que la UIF esté investigando al gobernador«, sino que los bancos mexicanos, por su relación con instituciones financieras estadounidenses, adoptan medidas preventivas que activan mecanismos automáticos de la UIF.
De los diez funcionarios que Washington reclama, dos ya se entregaron a las autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exfuncionario de Finanzas del mismo estado. Por su parte, el Ejecutivo mexicano considera que la petición de Estados Unidos de detención urgente no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter de urgente.
Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del Cartel de Sinaloa, en concreto de la facción de Los Chapitos, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.
