Nueva York.- La propuesta legislativa para la Ley de Reducción de Envases e Infraestructura de Reciclaje (PRRIA) ha recibido un renovado impulso en la ciudad de Nueva York, con legisladores, funcionarios y activistas advirtiendo sobre una creciente crisis de residuos. Este problema es atribuido al exceso de empaques plásticos y a una percibida falta de responsabilidad corporativa, según se destacó en una conferencia en el South Street Seaport de Manhattan.
La iniciativa PRRIA (S1464A/A1749A) busca obligar a las empresas productoras de empaques a asumir una porción significativa de los costos asociados con el reciclaje y el manejo de residuos, gastos que actualmente recaen sobre los contribuyentes neoyorquinos.
El evento se llevó a cabo frente al East River, un sitio simbólico por donde diariamente transitan barcazas cargadas con grandes volúmenes de basura hacia vertederos en otros estados. La asambleísta estatal Grace Lee enfatizó: “Estamos aquí junto al East River, donde las barcazas transportan enormes cantidades de basura todos los días. Es un recordatorio visible de que nuestro sistema actual de desperdicios es insostenible”.
La legisladora señaló que, a pesar de los esfuerzos de los residentes de Nueva York por reciclar y reducir residuos, la carga económica persiste en los ciudadanos, mientras las grandes corporaciones continúan generando empaques innecesarios y plásticos desechables. Añadió que la Ciudad de Nueva York gasta “cientos de millones de dólares” anualmente en la exportación de basura, recursos que podrían destinarse a vivienda, escuelas, parques y transporte público.
La legislación se fundamenta en el principio de “Responsabilidad Extendida del Productor” (EPR), que busca que fabricantes y distribuidores financien y rediseñen los sistemas de recolección y reciclaje de sus productos.
Expertos ambientales indican que la problemática se ha intensificado con el auge de las compras en línea y los servicios de entrega a domicilio, lo que ha multiplicado la cantidad de cartón, plástico y otros empaques desechables que terminan en los vertederos.
Además del potencial ahorro fiscal, los promotores de la medida argumentan que una reducción de residuos contribuiría a disminuir las emisiones contaminantes generadas por el transporte de basura en camiones y trenes hacia otras jurisdicciones.
Por su parte, el comisionado del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY), Gregory Anderson, presentó cifras contundentes sobre la magnitud del desafío. Afirmó que los trabajadores del DSNY recogen “24 millones de libras de basura y reciclaje” cada día, una cantidad que equivale a “50 Estatuas de la Libertad, mil autobuses escolares o dos mil elefantes adultos”.
Según Anderson, la mayor parte de estos residuos termina en vertederos, con un costo anual estimado de “550 millones de dólares” para la ciudad. El funcionario destacó el problema del empaque: “Mucho de lo que tiramos en Nueva York es empaque. Cuando compras un producto no tienes control sobre cómo viene empacado. Y cuando haces compras online hay cajas dentro de cajas, bolsas dentro de bolsas”.
El comisionado criticó que el sistema actual depende excesivamente de consumidores y trabajadores de saneamiento, mientras las empresas productoras carecen de incentivos para fabricar productos reutilizables o que generen menos desperdicio, argumentando que “las corporaciones que se benefician de esta economía, no tienen incentivos para fabricar productos reutilizables o que generen menos desperdicio”.
Anderson sostuvo que las leyes de EPR han demostrado resultados positivos en otros sectores, sugiriendo que podrían conducir a mayores tasas de reciclaje, reducción de emisiones y ahorros fiscales para los municipios.
El senador estatal Bryan Kavanagh, un firme defensor de la iniciativa, calificó el modelo actual de consumo como una “crisis ambiental estructural”. Expresó: “Vivimos en una sociedad donde tomamos recursos naturales, los convertimos en productos y luego los desechamos, sin ningún esfuerzo significativo por manejar responsablemente el final de su ciclo de vida”.
Kavanagh criticó a la industria del plástico y del empaque por innovar comercialmente, pero no en la reducción de toxicidad o residuos. “La industria insiste en que lo único que no puede hacer es fabricar empaques con menos plástico, menos toxicidad y manejar responsablemente esos materiales al final de su vida útil. En cambio, dejan la carga a los contribuyentes y a gobiernos locales como Nueva York”, aseveró.
El senador recordó que Nueva York ya ha implementado esquemas similares de responsabilidad extendida para productos como electrónicos, alfombras, baterías y pinturas, y afirmó que ahora es el momento de los empaques, considerándolo “la forma más básica y contundente de enfrentar una verdadera crisis de residuos sólidos”.
La PRRIA también es promovida por organizaciones ambientalistas como una medida de justicia ambiental. Sus defensores señalan que las comunidades de bajos ingresos y los vecindarios históricamente marginados son desproporcionadamente afectados por la contaminación y las instalaciones de residuos, como estaciones de transferencia y vertederos. Grace Lee denunció que “los vecindarios ricos pueden evitar muchos de estos impactos, pero las comunidades vulnerables siguen soportando la contaminación y las instalaciones de residuos”.
Los promotores de la propuesta subrayaron la urgencia, ya que restan solo unas semanas para que la Legislatura estatal apruebe el proyecto antes del cierre de la sesión legislativa en Albany.
