Santo Domingo.– La Coalición por la Seguridad Social Digna, junto a decenas de organizaciones sociales, comunitarias, sindicales y campesinas, ha reiterado la urgencia de impulsar una reforma integral a la Ley 87-01, que rige el Sistema Dominicano de Seguridad Social. El objetivo central de esta demanda es garantizar derechos fundamentales y fortalecer la protección social en la República Dominicana.
Según las entidades, tras 25 años de su implementación, el modelo vigente ha mostrado ser insuficiente para asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Atribuyen esta deficiencia a una estructura «privatizadora y orientada al mercado».
Un documento conjunto emitido por las organizaciones denuncia que el esquema actual favorece los intereses económicos de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Esta priorización, señalan, restringe el acceso a servicios de salud de calidad y obstaculiza la obtención de pensiones dignas para la población trabajadora.
La Coalición considera que el debate sobre la modificación de la Ley 87-01 constituye una oportunidad histórica para reconfigurar el sistema en beneficio de la ciudadanía. No obstante, advierten sobre el riesgo de que las posibles reformas consoliden aún más el modelo actual.
Entre las exigencias principales de los grupos se incluye el rechazo a cualquier propuesta que contemple el incremento de la edad de retiro o de las cotizaciones de los trabajadores. Asimismo, se oponen a que las AFP continúen administrando los fondos de pensiones en pro de intereses privados.
Las entidades también demandan que el proceso de reforma se lleve a cabo bajo principios de democracia y transparencia, con una participación vinculante de la sociedad civil. Subrayan la importancia de considerar las discusiones previas en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, las vistas públicas y la Mesa de Diálogo para la Reforma promovida por el Gobierno.
Adicionalmente, se propone la creación de un sistema de pensiones solidario, universal y público, diseñado para garantizar prestaciones justas y adecuadas a la población. Complementariamente, abogan por un seguro nacional de salud sin copagos ni limitaciones de cobertura.
También se solicita un aumento significativo en la inversión en salud pública, alcanzando el 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Instan a la defensa del Seguro Nacional de Salud (SENASA), los servicios públicos y los sistemas de pensiones de diversos sectores laborales, considerándolos derechos adquiridos.
Finalmente, exhortan al Gobierno y al Congreso Nacional a legislar priorizando el interés colectivo sobre los intereses privados. En ausencia de consenso, sugieren la realización de un referéndum democrático que permita a la ciudadanía determinar el modelo de seguridad social deseado para la nación.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Ciudad Alternativa, Foro Ciudadano, Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Unión Clasista de Trabajadores, ASODIFIMO, Escuela Multitemática, CONAMUCA, CODONBOSCO, CEPATODE y MOPESEP, entre otras entidades sociales y comunitarias del país.
