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En Nueva York, agentes de ICE arrestaron a un presunto miembro de la pandilla MS-13 originario de El Salvador, a un ciudadano jamaiquino acusado de explotación sexual de un menor y a un ciudadano hondureño con antecedentes por conducir en estado de ebriedad.
Escenas similares se registraron en ciudades como Boston, Denver, Filadelfia, Atlanta, Seattle, Miami y Washington, D.C.
Un memorando del Departamento de Justicia amenazó con presentar cargos penales contra funcionarios estatales y locales que no cooperen con ICE. Sin embargo, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, afirmó que la administración Trump no puede obligar a las fuerzas del orden locales a ayudar en la detención y deportación de inmigrantes.
James calificó muchas de las órdenes migratorias como violaciones constitucionales, describiéndolas como «el ruido que proviene de Washington». Además, enfatizó: «El presidente no puede reescribir la Constitución unilateralmente. Estamos dispuestos a colaborar con la Oficina del Presidente Trump, pero protegeremos los derechos de las poblaciones vulnerables o marginadas, incluidas, pero no limitadas a, las comunidades inmigrantes».
Memos internos dirigidos a las escuelas de la ciudad de Nueva York declararon explícitamente que no se debe permitir la entrada de agentes de ICE a las instalaciones bajo ninguna circunstancia. Por su parte, el NYPD (Departamento de Policía de Nueva York) también emitió un memorando indicando que los oficiales no deben asistir en la ejecución de acciones de inmigración federal.
