Santo Domingo, República Dominicana.- El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, calificó este miércoles como una “violación a la soberanía nacional” el memorándum de entendimiento suscrito entre Estados Unidos y la República Dominicana para la recepción de deportados de terceros países. Según Fernández, dicho acuerdo carece de carácter jurídicamente vinculante, eximiendo al país de la obligación de acatar decisiones de tribunales estadounidenses.
“No es oponible y, por tanto, no está sujeto a ejecución. Eso es lo que podemos opinar desde el punto de vista legal”, declaró Fernández, quien también preside la Fuerza del Pueblo. El exmandatario enfatizó que no existe ningún compromiso legal que obligue a la República Dominicana a aceptar este mecanismo y reiteró que su implementación “ciertamente constituye una violación de la soberanía nacional”.
“Una sentencia es una expresión de soberanía y, si se trata de algo que no nos atañe, no estamos obligados a cumplirla”, añadió Fernández, quien abordó el tema al concluir el primer Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026.
En contraste, el Gobierno dominicano, a través del canciller Roberto Álvarez, informó este miércoles sobre los detalles del acuerdo de cooperación con una vigencia de un año. Se prevé que la República Dominicana recibirá mensualmente a unos 30 deportados de terceros países, procedentes de Estados Unidos.
El canciller Álvarez explicó en rueda de prensa que estas personas permanecerán en territorio dominicano entre siete y quince días, mientras se coordinan los trámites necesarios para su retorno a sus naciones de origen. Asimismo, destacó que el Gobierno estadounidense asumirá la totalidad de los costos asociados a estas operaciones.
El Poder Ejecutivo había adelantado que el acuerdo excluye explícitamente a ciudadanos haitianos y a menores no acompañados, y que su finalidad es “facilitar” el retorno de nacionales de terceros países deportados por Washington. Sin embargo, las autoridades dominicanas aún no han determinado la ubicación exacta donde permanecerán los deportados, aunque el canciller aseguró que estarán bajo vigilancia permanente y contarán con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La firma de este acuerdo ha generado una ola de reacciones y posiciones encontradas entre dirigentes políticos y diversos sectores de la sociedad dominicana, alimentando un intenso debate sobre sus implicaciones legales, migratorias y de soberanía nacional.
