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La salud no debería depender del vaivén político ni de los caprichos presupuestarios de un gobierno. Sin embargo, esa parece ser la realidad que enfrenta hoy el Plan Esencial de Salud de Nueva York, un programa que ofrece cobertura médica a más de 1.7 millones de residentes y que se tambalea ante los recortes federales implementados desde la administración del presidente Donald Trump.
Lo que está en juego no es solo una cifra en los balances estatales; es la salud y la dignidad de cientos de miles de familias trabajadoras, muchos de ellos inmigrantes con tarjeta de residencia (Green Card) que contribuyen día a día al progreso de esta ciudad.
El Plan Esencial, financiado en gran parte por fondos federales provenientes de la Affordable Care Act (ACA), ha sido un salvavidas para quienes quedan en el limbo entre Medicaid y los seguros privados. Con ingresos anuales que rondan entre $55,000 y $68,000, estos neoyorquinos no califican para ayudas completas, pero tampoco pueden costear primas y deducibles de los seguros comerciales.
Hoy, el estado enfrenta una reducción de más de $7.5 mil millones anuales en su financiamiento federal. Detrás de esa cifra, hay historias reales: adultos mayores que dependen de sus medicamentos para la presión, madres que acuden al centro de salud del vecindario, y trabajadores que apenas logran cubrir el alquiler y la comida.
En barrios como Manhattan Valley, centros comunitarios como el Ray Center ya sienten la presión. Los pacientes aumentan, los recursos se reducen, y el miedo crece. La incertidumbre sobre el futuro del programa podría provocar un efecto dominó que desestabilice todo el sistema de salud pública local.
Nueva York, un estado que se enorgullece de ser un ejemplo de inclusión y justicia social, no puede permitirse retroceder en este terreno. Es hora de que los líderes estatales, los representantes federales y las organizaciones comunitarias unan fuerzas para proteger el derecho a la salud como un bien público, no como un privilegio.
Porque cuando se recorta en salud, no se ahorra: se posterga el costo humano. Y ese costo, tarde o temprano, lo paga toda la sociedad.






