SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) ha puesto en marcha jornadas especiales de cedulación dirigidas a personas con discapacidad y adultos mayores, con el objetivo primordial de garantizar su derecho constitucional a la identidad y promover una mayor inclusión social.
Esta iniciativa institucional, que inició esta semana, se enfoca inicialmente en el público vinculado a las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL), reforzando los esfuerzos del órgano electoral por acercar sus servicios a poblaciones vulnerables.
El proceso de cedulación se lleva a cabo en el auditorio de la sede central de la JCE, en coordinación con el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). Esta entidad es la responsable de recibir y organizar los listados de miembros remitidos por las organizaciones participantes, lo que permite un manejo ordenado de la información y asegura una atención eficiente y digna para los beneficiarios.
Posteriormente, los listados son canalizados a la Mesa de Inclusión, bajo la coordinación de la magistrada Dolores Fernández Sánchez. En esta instancia, se realiza la verificación y validación de los datos a través de la Dirección Registro Civil, un paso crucial para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos antes de la asignación de la fecha para el trámite de la Cédula de Identidad y Electoral.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral de la JCE para eliminar barreras de acceso, agilizar los procesos y facilitar los servicios a los grupos en condición de vulnerabilidad, reafirmando así el compromiso institucional con la equidad, la inclusión y el respeto a los derechos fundamentales.
El marco jurídico que sustenta estas iniciativas es la Constitución de la República, la cual consagra la inclusión social como un principio fundamental, garantizando la igualdad de derechos y oportunidades sin discriminación. Específicamente, los artículos 39 (Derecho a la igualdad), 43 (Derecho al libre desarrollo de la personalidad) y 58 (Protección de las personas con discapacidad) fundamentan estas garantías.
Asimismo, la República Dominicana cuenta con la Ley 5-13, que busca proteger y garantizar la igualdad y las mismas oportunidades para todas las personas con discapacidades funcionales, físicas, mentales y sensoriales. Esta legislación se complementa con su Reglamento de Aplicación (363-13), el cual establece los procedimientos para su efectiva implementación y cumplimiento.
