LIMA.– El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la realización del recuento de votos presidenciales de 106 actas observadas, un proceso que podría incidir directamente en la definición del candidato que acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral.
Yessica Clavijo, secretaria general del organismo, explicó que actualmente existen 15.470 actas observadas de los comicios generales realizados el pasado domingo y lunes. De este total, unas 5.752 corresponden específicamente a la elección presidencial y fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales debido a errores u omisiones en el registro de votos.
De ese universo, 106 actas serán sometidas a recuento, aunque la cifra podría incrementarse a medida que continúe el escrutinio nacional.
Clavijo detalló que el proceso de recuento comenzará el próximo lunes en sesiones virtuales públicas, iniciando con las actas de la provincia de Chanchamayo. La meta del JNE es concluir esta etapa, a más tardar, a mediados de mayo.
“Tenemos previsto culminar esta etapa porque necesitamos claridad sobre qué organizaciones políticas avanzan a segunda vuelta”, sostuvo la funcionaria.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 93,42 % de actas contabilizadas, Fujimori lidera con el 17 % de los votos válidos. Le siguen Roberto Sánchez con el 12 % y Rafael López Aliaga con el 11,9 %.
La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 13.000 votos, lo que convierte cada acta observada en un elemento decisivo para definir el rival de Fujimori en la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio.
El proceso electoral también ha sido objeto de cuestionamientos. Tras retrasos de hasta cinco horas en la apertura de centros de votación en Lima, se han reportado fallas en el traslado y la cadena de custodia del material electoral.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, afirmó que existen “serias irregularidades” en la gestión del proceso por parte de la ONPE, lo que ha derivado en una denuncia ante la Fiscalía contra la institución y su jefe, Piero Corvetto.
Las autoridades electorales insisten en que estas anomalías no pueden ser ignoradas, en un contexto donde cada voto cuenta y la legitimidad del proceso está bajo escrutinio público.
