Nueva Zelanda.- El Gobierno conservador de Nueva Zelanda anunció este miércoles una propuesta de reforma legislativa en inmigración que busca endurecer las normas de asilo y facilitar la deportación de personas con antecedentes penales.
La ministra de Inmigración, Erica Stanford, señaló que el proyecto, que debe ser aprobado por el Parlamento, donde el actual Ejecutivo conservador cuenta con amplia mayoría, otorgará a las autoridades «herramientas» para gestionar los riesgos migratorios. Al mismo tiempo, se busca asegurar que el sistema sea «justo, funcional y eficaz».
Entre los cambios propuestos se incluye la ampliación del periodo durante el cual un residente puede ser deportado si comete delitos graves, pasando de 10 a 20 años.
Asimismo, se pretende modificar las facultades de los funcionarios de inmigración para que puedan considerar los delitos graves cometidos por solicitantes de asilo en Nueva Zelanda durante la evaluación de su condición de refugiado.
«Actualmente, si una persona que ha solicitado el estatus de refugiado ha sido condenada por un delito grave en Nueva Zelanda antes de que se determine su estatus, el Servicio de Inmigración no puede tenerlo en cuenta al tomar una decisión», afirmó Stanford en un comunicado oficial.
Según la ministra, en este momento hay 14 solicitantes de asilo en la nación austral que han sido condenados por delitos graves en el país, incluyendo asesinato y delitos sexuales.
Los tres partidos conservadores que forman el gobierno de coalición en Nueva Zelanda, nación que celebrará elecciones generales en noviembre, habían expresado previamente su intención de reforzar las leyes migratorias, argumentando un supuesto aumento en el índice de criminalidad.
En 2024, una encuesta publicada por el medio público Radio New Zelanda reveló que el 87 % de los neozelandeses consideran que la delincuencia ha empeorado en los últimos años, a pesar de que las estadísticas policiales oficiales reflejan una tendencia contraria.
