Estados Unidos.-
La Corte Suprema de Estados Unidos ha programado para abril la audiencia de argumentos en relación con la iniciativa de la administración de Donald Trump para poner fin a las protecciones legales del Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparan a migrantes de países como Haití y Siria.
Mientras se prepara para revisar el caso, el máximo tribunal decidió el lunes no levantar de inmediato dichas protecciones, lo que permite que cientos de miles de beneficiarios continúen viviendo y trabajando legalmente en el país por ahora, según informó la agencia AP. Se espera que la decisión final sea emitida semanas o meses después de la audiencia.
Este caso se enmarca en la política migratoria más amplia de la administración Trump contra programas de este tipo. En una decisión previa, la Corte, de mayoría conservadora, ya había permitido la eliminación del TPS para aproximadamente 600,000 venezolanos, dejándolos expuestos a una posible deportación mientras sus demandas judiciales prosiguen.
Como es habitual en resoluciones de emergencia, el tribunal no ofreció una explicación de su razonamiento. La administración recurrió al Supremo luego de que tribunales inferiores bloquearan la cancelación inmediata del TPS para unos 350,000 haitianos y 6,000 sirios.
El Departamento de Justicia sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional posee autoridad exclusiva sobre este programa, concebido como una medida temporal. Ha solicitado a los jueces que emitan un fallo amplio que limite la capacidad de los tribunales para intervenir en estas decisiones.
“El intento de los tribunales inferiores de bloquear iniciativas del poder ejecutivo causa daños concretos al interés nacional y a las relaciones exteriores”, argumentó el procurador general D. John Sauer en documentos judiciales.
En contraposición, abogados de inmigración advierten que las condiciones en los países afectados, como Haití, continúan siendo extremadamente peligrosas. Señalan que Haití atraviesa una profunda crisis con violencia generalizada, escasez de servicios básicos y desplazamientos masivos. También citaron informes según los cuales cuatro mujeres haitianas fueron halladas muertas meses después de haber sido deportadas desde Estados Unidos.
Lupe Aguirre, directora del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, expresó el alivio de los sirios por la continuidad temporal de la protección, aunque cuestionó la intervención del Supremo antes de la conclusión del proceso en instancias inferiores.
Tribunales en Nueva York y Washington D.C. habían ordenado mantener las protecciones mientras se resolvían las demandas. Uno de ellos incluso sugirió que la decisión de eliminar el TPS para haitianos pudo estar influida por “hostilidad hacia los inmigrantes no blancos”, haciendo referencia, entre otros elementos, a declaraciones hechas por Trump durante su campaña.
En total, cerca de 1.3 millones de personas se han beneficiado del TPS, un programa creado por el Congreso en 1990 para evitar deportaciones hacia países afectados por conflictos o desastres. Esta protección se otorga por periodos de 18 meses y permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, si bien no ofrece un camino directo hacia la ciudadanía.
El gobierno federal ha defendido que las condiciones en algunos de esos países han mejorado y ha rechazado que factores raciales influyan en sus decisiones.
