San Luis Potosí, México.-
El luchador mexicano Alberto del Río, también conocido como Alberto El Patrón, ha sido puesto en libertad condicional después de un proceso judicial relacionado con una denuncia por violencia doméstica. Esta medida incluye la obligación de pagar $58,000 dólares a su pareja, así como el cumplimiento de diversas condiciones restrictivas.
La libertad condicional fue otorgada en una audiencia que tuvo lugar el pasado sábado 11 de abril. Durante la misma, el deportista reconoció el delito imputado y manifestó arrepentimiento ante la autoridad judicial, según informaciones difundidas por la cadena ESPN.
Entre las medidas cautelares impuestas por el juez, además de la compensación económica, Alberto del Río deberá asistir a terapias de rehabilitación para garantizar la no repetición de conductas violentas en el futuro. Adicionalmente, se le ha prohibido acercarse a su pareja. El luchador había permanecido en prisión preventiva desde el 6 de abril.
El arresto de Del Río se produjo en San Luis Potosí, México, a raíz de una denuncia interpuesta por su pareja, Mary Carmen Rodríguez Lucero, quien lo acusó de presunta agresión física y verbal, resultando en lesiones en el rostro y los brazos. Tras su detención, fotografías del luchador esposado y posando para el retrato policial se viralizaron en redes sociales, antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí.
Este incidente no es el primero de su tipo en el historial de Alberto del Río. En 2017, durante su etapa de prominencia en la WWE, estuvo involucrado en un incidente de violencia doméstica documentado por la policía en el aeropuerto de Orlando, Florida, en el marco de su relación con la entonces estrella femenina de la WWE, Paige.
Posteriormente, en 2020, Del Río fue arrestado en San Antonio, Texas, bajo cargos de agresión sexual y violencia física contra otra mujer. La víctima presentó pruebas fotográficas y un testimonio detallado, alegando que el luchador la había golpeado en repetidas ocasiones, amenazado y agredido sexualmente durante varias horas. Por este caso, enfrentó un cargo de asalto sexual agravado, un delito grave de segundo grado en Texas, y se le fijó una fianza inicial de $50,000 dólares.
