Santo Domingo.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se apresta a reservar su fallo en los expedientes conocidos como Casos Coral y Coral 5G, decisión que se tomará el próximo jueves, luego de que se escuche a los últimos implicados en la red de corrupción que habría desfalcado al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones.
La audiencia, presidida por la magistrada Gisselle Méndez y las demás juezas, fue recesada este martes hasta el jueves a las 9:00 de la mañana, motivado por las condiciones climáticas imperantes en el país.
Para la jornada del jueves, se prevé la intervención de varios imputados, entre ellos los oficiales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Una vez concluidas estas audiciones, las juezas darán por clausurados los debates entre las partes procesales y se retirarán a deliberar. Durante esta etapa, valorarán la acusación del Ministerio Público, las evidencias presentadas, así como los argumentos y pruebas aportadas por los abogados de la defensa.
Según el procedimiento establecido, las magistradas deberán emitir su decisión en un plazo máximo de 30 días, contados a partir del momento en que el tribunal se reserve el fallo.
El proceso judicial ha recorrido varias fases, incluyendo la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, la refutación de los hechos por parte de los abogados de los encartados, la réplica del órgano acusador y la contrarréplica de la defensa.
En el pasado mes de febrero, el Ministerio Público solicitó penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales imputados, incluyendo a los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, a quienes se les acusa de sustraer los mencionados RD$4,500 millones del Estado.
Igual condena fue requerida para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Para otros implicados, como Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (conocida como «la Pastora»), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, el órgano acusador solicitó 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos.
Asimismo, se pidieron condenas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para un grupo de implicados, y penas de 5 años para otros procesados, entre ellos Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El Ministerio Público también instó a la clausura y disolución de entidades presuntamente vinculadas a la red, como la Iglesia Bautista Vida Eterna, y la aplicación de sanciones contra varias empresas.
Adicionalmente, se solicitó el decomiso de bienes incautados, que incluyen más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en efectivo, los cuales, según las investigaciones, han generado ingresos superiores a RD$86 millones.
La acusación del Ministerio Público señala a Cáceres Silvestre como el presunto cabecilla de esta red de corrupción, compuesta por 48 imputados (personas físicas y jurídicas), que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos de instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Por su parte, los abogados de la defensa han solicitado al tribunal el rechazo de las peticiones del Ministerio Público, la absolución de sus representados, el levantamiento de las medidas de coerción, el retiro de las oposiciones sobre bienes y cuentas bancarias, y la devolución de los bienes incautados.
